SICAV, un ¿mal? necesario...

En los últimos meses asistimos a un debate interesante respecto al rumbo que ha de tomar la política ecónomica en nuestro país y en un entorno tan complicado como es el actual. Dentro de este debate, sobresale, desde un punto de vista bancario, el aspecto de la tributación de las SICAV.

Ningún ecónomista discute que los impuestos directos son más "justos" desde un punto de vista social que los indirectos, ya que con los primeros paga más quien más gana. Por tanto, con una subida de impuestos a la vista, lo justo sería que dicha subida afectase más a los más ricos. Y es en este punto donde aparecen las SICAV (acrónimo de Sociedad de Inversión de Capital Variable).

Una SICAV no deja de ser un fondo de inversión hecho a la medida de un gran patrimonio, aunque con ciertas limitaciones. Para poder constituir una es necesario tener un mínimo de 2,4 millones de euros y, así mismo, debe de existir un mínimo de 100 accionistas. Para una gran fortuna, el primer requisito no es ningún problema. El segundo requisito puede ser más complicado, aunque si uno no tiene 100 familiares o amigos que quieran meterse en esta aventura inversora siempre puede pedirle consejo a la entidad gestora para que encuentre alguna alma caritativa dispuesta a aportar su nombre y un capital ínfimo para que la sociedad salga adelante. Y todo esto, ¿para qué?

Pues simple y llanamente para diferir y reducir a su mínima expresión el pago de impuestos. El funcionamiento en este setido es muy simple. Como cualquier Institución de Inversión Colectiva (IIC), las SICAV sólo paga un 1% de los beneficios que genera y los accionistas de estas IIC pagan en su IRPF un 18% de los rendimientos obtenidos siempre y cuando se vendan las participaciones. Simple y llanamente. A modo de ejemplo, cualquier ciudadano sujeto al pago del IRPF pagará un 18% de los rendimientos obtenidos en instrumentos de ahorro (cuentas, depósitos, cupones de bonos, venta de participaciones en fondos de inversión, acciones o instrumentos de renta fija, etc.), mientras que el propietario de la SICAV sólo pagará un 1% de sus beneficios, ya que estas inversiones se realizaran a través de la sociedad. Es decir, con una buena planificación los propietarios de las SICAV pagarían ese 18% dentro de unas cuantas decadas...Y, entonces, ¿por qué el gobierno permite esta aberración fiscal?

Pues, simple y llanamente, porque vale más recaudar sólo un 1% del beneficio de todas estas grandes fortunas que no recaudar nada, ya que en el momento en el que el gobierno aumente la carga tributaria de estas sociedades los dueños no creo que se lo piensen dos veces: trasladarán sus sociedades, y con ellas sus fortunas, a cualquier paraíso fiscal que les dé la bienvenida. Y, cosas de la vida, en la zona Euro (si hablamos de Europa hay unos cuantos más) hay dos, Irlanda y, sobre todo, Luxemburgo, por lo que nadie podría ponerles el más mínimo problema, en virtud del libre movimiento de capitales dentro de la UE.

Por tanto, y en mi modesta opinión, el problema ético que representan las SICAV, para un gobierno dispuesto a subir los impuestos en un momento de crisis como el actual, seguirá manteniéndose en tanto no exista un consenso mundial para la eliminación total y absoluta de los paraísos fiscales. Y esta situación, en mi modesta opinión, no se puede dar, ya que los primeros interesados en la existencia de estos son las entidades financieras de todo el mundo, ya que son el mejor reclamo para obtener la gestión de las grandes fortunas mundiales. Y si no lo creen, plantéense la siguiente cuestión. Llevamos tres grandes reuniones del G-20 para tratar la crisis en la que estamos inmersos (Washington, Londres y Pittsburgh). En todas ellas ha habido dos temas estrella en los que los países han fracasado estrepitosamente, la regulación mundial de los mercados financieros (todo sigue exactamente igual que hace 2 años y medio) y la regulación de los paraísos fiscales (algo se ha avanzado, pero siguen funcionando de manera más o menos impune).

Y eso que son los países más poderosos del planeta...